Llaryora reduce en un 30% el número de agencias del organigrama del Estado Provincial

El gobernador Martín Llaryora dispuso, mediante decreto, una nueva etapa en el proceso de reorganización administrativa del Estado provincial, en el marco de la Ley N° 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar las sociedades del Estado y de economía mixta conforme a la legislación vigente.

La medida se enmarca en los procesos de modernización institucional que lleva adelante el Gobierno de Córdoba, con el objetivo de optimizar la gestión, fortalecer la transparencia y adecuar la estructura administrativa a los nuevos marcos normativos nacionales y provinciales.

Transformación de agencias en entes autárquicos
El decreto establece que las siguientes agencias provinciales, tras su disolución y liquidación, adoptarán la estructura legal y administrativa de entes autárquicos, manteniendo su denominación actual y la vinculación funcional con el Poder Ejecutivo establecida por la Ley N° 10.956:

•   Agencia Córdoba Deportes
•   Agencia Córdoba Cultura
•   Agencia Córdoba Turismo
•   Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).

Asimismo, dispone la creación de un nuevo ente autárquico único bajo la denominación “ProCórdoba”, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública que integrará las competencias, recursos y capacidades de las actuales:

•   Agencia ProCórdoba,
•   Agencia Córdoba Innovar y Emprender
•   Agencia para la Competitividad de Córdoba
De esta manera, estas instituciones continuarán cumpliendo sus funciones específicas, ahora bajo un formato que otorga mayor autonomía administrativa y financiera, preservando su rol estratégico en la gestión de políticas públicas.

El nuevo esquema busca potenciar la sinergia institucional, optimizar los recursos y consolidar una estrategia unificada para la promoción de inversiones, innovación, exportaciones y competitividad provincial.

El decreto garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes autárquicos que actuarán como continuadores de las agencias actuales.

Los ministerios competentes —Gobierno y Economía y Gestión Pública— tendrán a su cargo la ejecución de las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de disolución, liquidación y constitución de los nuevos entes, con la intervención de la Fiscalía de Estado.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Gestión Pública estará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias a los fines del cumplimiento del decreto.