Redacción diario El Manisero
Domingo 26 de julio. La Policía de Córdoba concretó dos aprehensiones judiciales en la ciudad de Hernando en el marco de intervenciones vinculadas a la Ley Provincial de Violencia Familiar N.º 9.283. Los procedimientos ocurrieron con pocas horas de diferencia y tuvieron como protagonistas a dos hombres mayores de edad.
El primero de los hechos se registró a las 4:50, en una vivienda de calle San José, donde fue detenido un hombre de 58 años. De acuerdo con la información policial, el sujeto se presentó en estado de ebriedad en su domicilio, donde habría agredido verbalmente a su esposa y provocado daños en la puerta principal de la vivienda. Tras la intervención policial, fue trasladado a la sede policial en el marco de las actuaciones previstas por la Ley Provincial de Violencia Familiar.
El segundo procedimiento tuvo lugar a las 13:10, en un domicilio ubicado sobre calle Alberdi, donde fue aprehendido un joven de 24 años. Según el parte oficial, el hombre se presentó en la vivienda de su expareja pese a tener vigente una restricción de contacto dispuesta en el marco de una causa por violencia familiar.
Ante esa situación, los efectivos procedieron a su detención y traslado a sede policial como presunto autor del delito de desobediencia a la autoridad, figura prevista para quienes incumplen órdenes judiciales, como las restricciones de acercamiento o contacto impuestas por los tribunales.
La importancia de respetar las medidas judiciales
Las restricciones de contacto son medidas cautelares que buscan resguardar la integridad física y psicológica de las personas que denuncian situaciones de violencia familiar o de género. Su incumplimiento puede derivar en la apertura de una causa penal por desobediencia a la autoridad, independientemente de que se produzcan o no nuevos hechos de violencia.
Ambos procedimientos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con la investigación y determinará los pasos procesales correspondientes. Conforme al principio de inocencia establecido por la legislación argentina, las personas involucradas deberán ser consideradas inocentes hasta tanto exista una sentencia judicial firme que determine su responsabilidad.
