Junto con UNICEF, el Gobierno presentó la primera cohorte del curso de la “Ley Lucio”

En la Sala de Situación del Centro Cívico del Bicentenario, se realizó la presentación de la Primera Cohorte de la Ley Lucio, iniciativa que tras la adhesión expresa de Córdoba, contempla un plan de sensibilización y de capacitación permanente y obligatoria sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes.

El acto contó con la presencia de Alejandro Morlachetti, especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF, quien además brindó una charla magistral ante los asistentes.

Durante la presentación, la vicegobernadora Myrian Prunotto expresó: «Estamos acostumbrados a decir que las infancias y la adolescencia son el futuro y por eso tenemos la obligación de cuidarlas y protegerlas. Es cierto que son el futuro, pero también y fundamentalmente son el presente”. 

“Una sociedad que no pueda o sepa defender los derechos de su niñez y adolescencia hoy, tiene un presente en riesgo y está condenada a un futuro incierto”, completó. 

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que «el gobernador Martín Llaryora siempre dice que gobernar es decidir, y en ese sentido, el Gobierno de la provincia ha profundizado líneas de gestión en materia de Derechos Humanos«.

«Quiero rescatar que en medio de las dificultades y complejidades que estamos atravesando como sociedad, Córdoba es la primera provincia que lleva adelante con UNICEF el programa de capacitación en Ley Lucio«, añadió.

La formación está destinada a agentes de la Administración Pública que tengan incidencia directa en el trabajo con infancias, como así también al personal de instituciones de la sociedad civil que reciban algún tipo de aporte estatal y trabajan en contacto con esa población.

Por último, durante la charla magistral que dio cierre al evento, Alejandro Morlachetti de UNICEF indicó que “la iniciativa que se está presentando es producto de una asociación virtuosa de múltiples actores de la provincia de Córdoba, que entiende que tanto a los niños como a los adolescentes hay que protegerlos de una manera sistemática e integral«. 

Y agregó: «La implementación de la Ley Lucio va a permitir que una gran parte de la sociedad civil cuente con las herramientas necesarias para abordar esta compleja problemática«.

Estuvieron presentes también los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; de Salud, Ricardo Pieckenstainer; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Reartes; la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cúneo; entre otros. 

Reunión con el Gobernador

Luego del acto realizado en la Sala de Situación, el gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Reartes; y el especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF, Alejandro Morlachetti.

Al finalizar el encuentro, Liliana Montero expresó: «Tuvimos una excelente reunión con el gobernador Martín Llaryora, donde intercambiamos opiniones y escuchamos las sugerencias que tiene UNICEF en este acompañamiento hacia la provincia de Córdoba en las políticas de infancia«.

A su turno, el representante de UNICEF Argentina afirmó: «El intercambio con el gobernador fue muy positivo, como parte de reafirmar este trabajo conjunto entre la provincia de Córdoba y UNICEF Argentina para avanzar en los temas que tienen que ver con la protección de los derechos de la infancia y el trabajo que ya se viene haciendo desde hace tiempo fruto de esta relación«. 

Una ley a la cordobesa

La llamada “Ley Lucio” evoca al niño Lucio Dupuy, asesinado por la madre y su pareja en La Pampa el 26 de noviembre de 202. Fue aprobada por el Congreso en 2023 y tiene como objetivo fortalecer la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). 

La norma establece el deber de comunicar una vulneración de derechos, como así también el de recibir y tramitar una denuncia por parte de los agentes públicos. Dispone para ello un plan de capacitación permanente, continuo y obligatorio, como así también la instrumentación de campañas de sensibilización y difusión.

En julio pasado, por unanimidad, la Legislatura provincial aprobó la adhesión a la Ley Lucio con una particularidad: en el artículo 3º (ley 10.973) incluyó en la obligatoriedad de realizar la capacitación también a quienes se desempeñen en asociaciones u organizaciones civiles que reciban ayuda estatal de cualquier índole, y dispuso como autoridad de aplicación de la ley al Ministerio de Desarrollo Humano.

Ante ello, a través de la SeNAF, el Ministerio lanzó el Plan Provincial de la Ley Lucio, que contempla un curso virtual cuyos contenidos fueron desarrollados en alianza con Unicef y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

El trayecto formativo busca “generar mayores niveles de sensibilización, involucramiento y repudio contra las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”, promoviendo la corresponsabilidad y la articulación entre todos los actores que conforman el Sistema de Protección Integral de derechos.

Como objetivos específicos, entre otros, procura dar a conocer el marco normativo que protege a las infancias y adolescentes, fortalecer la capacidad de los agentes públicos y de la sociedad civil, y brindar herramientas para asumir un rol activo en la prevención, detección e intervención de las situaciones de violencia.

Sobre el curso

Con 30 horas de cursado de modalidad a distancia, contempla cuatro módulos, el último de los cuales desarrolla las particularidades del sistema de protección vigente en Córdoba con todas sus instancias, e incluye un recursero y guía de contactos para actuar ante un caso concreto.

Desde el martes estará disponible a través de la plataforma Empleado Digital para la primera cohorte de agentes estatales y a partir de febrero se habilitarán nuevos cupos de cursado, como así también una versión en la plataforma de Ciudadano Digital para quienes trabajan con infancias en instituciones que reciben aportes provinciales.

La capacitación contempla actividades obligatorias y una evaluación de múltiple opción, que en dos intentos como máximo debe ser aprobada con seis (6).