La Escuela de Abogados del Estado analizó las implicancias de la irrupción de la Inteligencia Artificial

Abogados y estudiantes  de distintas provincias siguieron a distancia las disertaciones de Andrés Gil Domínguez y Ricardo Muñoz, los especialistas que se hicieron cargo de desarrollar “Constitucionalismo Digital e Inteligencia Artificial” la problemática con la que la Escuela de Abogados del Estado le dio continuidad este miércoles al ciclo anual  de conferencias gratuitas.

La presentación de los expositores estuvo a cargo de la directora de la EAE, Mariana Boschetto, quien planteó la necesidad de evaluar el impacto que la Inteligencia Artificial está teniendo en el ámbito de la administración pública y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.

Andrés Gil Domínguez  sostuvo que la IA obliga a repensar el derecho desde sus bases, porque muchas de las categorías jurídicas vigentes fueron diseñadas para un mundo analógico y hoy resultan insuficientes frente a entornos digitales, algoritmos y deepfakes.

A la hora de vincular la Constitución y las nuevas tecnologías  afirmó que la IA impacta en la forma en que se protegen derechos, se organizan las competencias profesionales y se preserva la integridad de la vida democrática.

En otro pasaje de su exposición, opinó que pensar el derecho en términos exclusivamente analógicos deja respuestas insuficientes frente a la velocidad y la escala de la tecnología. Un punto central de su enfoque es la necesidad de que el derecho funcione como un legitimador de herramientas tecnológicas que protejan derechos, en lugar de quedar reducido a meras declaraciones abstractas.

En cuanto a las precauciones indispensables que deberían adoptarse  mencionó filtros, mecanismos de verificación y reglas específicas para distinguir contenidos auténticos de contenidos manipulados, especialmente en contextos electorales.

A su turno Ricardo Muñoz  consideró que la IA está transformando el derecho porque acelera tareas, amplía capacidades de análisis y obliga a repensar garantías básicas como la transparencia, la igualdad y la protección de datos.

El fiscal de Río Cuarto y docente vinculado a nuevas tecnologías y Derecho señaló asimismo que  la IA no reemplaza al derecho, sino que se convierte en una herramienta que debe ser gobernada jurídicamente para evitar abusos y preservar derechos

Se interesó especialmente en la problemática relacionada al impacto de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la administración pública, particularmente en lo que respecta a las decisiones administrativas automatizadas.

También enumeró las recientes normativas  vinculadas  al gobierno digital y las características del  gobierno electrónico y gobierno inteligente.

Los dos especialistas coincidieron en que  el debate que rodea a la IA en el derecho gira en torno a varias tensiones. Una de ellas es la protección de datos personales y la privacidad, porque los sistemas inteligentes procesan grandes volúmenes de información sensible; otra es la no discriminación, ya que un algoritmo puede consolidar desigualdades si fue entrenado con datos sesgados o incompletos

También  subrayaron la necesidad de preservar la tutela efectiva y el derecho a impugnar actos automatizados, especialmente cuando una decisión administrativa o judicial depende de sistemas que no explican con claridad sus criterios.