Tras 20 horas de sesión, Diputados aprobó la iniciativa del oficialismo que suspende la movilidad jubilatoria, sube retenciones al agro y, entre otros temas, se grava el dólar ahorro.
País/Mundo - Nacionales 20 de diciembre de 2019
Tras la media sanción en Diputados de la emergencia económica, a partir de las 14 el Senado debatirá su aprobación, una sesión que estará encabezada por la vicepresidenta Cristina Fernández.
Este viernes en una sesión doble con más de 20 horas de actividad en el recinto que se inició en la tarde de ayer, la Cámara de diputados aprobó el proyecto de Solidaridad y Reactivación Productiva enviado por el presidente Alberto Fernández que declara nueve emergencias, suspende la fórmula previsional actual, incrementa las retenciones al agro y grava la compra y los gastos en dólares, entre otros puntos.
El proyecto, titulado “de solidaridad social y reactivación productiva”, declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Uno de los artículos más discutidos fue el que suspende por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016. Durante ese lapso, el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales.
Además, se deberá elaborar un nuevo método de actualización, en el marco de una comisión de la que participarán legisladores y expertos. Gracias a un cambio propuesto por el Interbloque Federal, la nueva fórmula jubilatoria deberá ser sometida a votación del Congreso, publicó Parlamentario.
Más allá de la suspensión de la fórmula, continuarán vigentes los regímenes especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.
Por otra parte, se crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.
De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto PAIS las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley.
En cuanto a las retenciones, se pone un tope del 33% para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo. En tanto, para los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el 8%.
Otro aspecto relevante es que el 67% de esos incrementos será destinado a la ANSES, mientras que un 3% será para la creación de un “fondo solidario de competitividad agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
En lo que respecta a los salarios, el proyecto establece la facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del ENRE y el ENARGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.
Nota: LNM Diario
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